La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró este jueves la casa de Ábalos en Valencia, dentro de una nueva operación secreta del caso Koldo. Los agentes llegaron a primera hora de la mañana a la vivienda del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Allí tomaron declaración como investigada a su pareja, Andrea de la Torre, que vive actualmente en el piso. El operativo responde a una orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Además, incluye registros en Madrid, Sevilla y Córdoba, un requerimiento de información en Adif y seis detenciones, según fuentes cercanas a las pesquisas.
Registro en casa de Ábalos y despliegue en cuatro ciudades
El dispositivo contempla entradas y registros en domicilios particulares y en empresas. También abarca varios requerimientos de información. En la operación participan efectivos de la Fiscalía Anticorrupción. El juez Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, coordina las actuaciones junto con ese organismo. La entrada en la casa de Ábalos es solo una parte del despliegue, que se extiende a Madrid, Córdoba, Valencia y Sevilla.
En Córdoba, el foco está en un chalet de la capital supuestamente vinculado a Cristian Abel Corvillo. Se trata de un exdirigente local del PSOE en la provincia, cuyo nombre ya había aparecido en la causa junto al de un hermano. Por otra parte, la Guardia Civil detuvo para interrogarlo a Cristian Corvillo, identificado como ex chófer del presidente Pedro Sánchez. Los agentes también interrogaron a Rubén Corvillo, socio de Víctor de Aldama.
En Madrid, la UCO se presentó en la sede del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) con una solicitud de información. La entidad pública confirmó la visita. Sin embargo, aseguró que atendió la petición de la autoridad investigadora y que no se practicó ningún registro en sus dependencias.
Una octava pieza separada bajo secreto
La actuación llega después de que el juez Moreno abriera una nueva pieza separada, la octava dentro de una causa iniciada hace tres años. Las versiones sobre la fecha varían: unas la sitúan el pasado 3 de noviembre y otras en la víspera del operativo. En cualquier caso, la decisión siguió a un nuevo atestado de la UCO. Según una versión, ese informe procede del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la unidad; según otra, fue realizado por la unidad especializada en delincuencia económica IUAFAC.
El magistrado declaró secreta la pieza mediante una providencia. En esa resolución no dio detalles del contenido del documento policial ni del objeto concreto de la investigación. Asimismo, la Guardia Civil no facilitó información sobre el alcance del operativo ni sobre las personas afectadas. Ni la Audiencia Nacional ni la Fiscalía Anticorrupción difundieron oficialmente el informe.
En cuanto al objeto, fuentes de la investigación señalan que se indaga un presunto blanqueo de capitales. Por otra parte, otras informaciones apuntan a nuevos presuntos amaños en contratos de obra pública durante la etapa de Ábalos en Transportes. Tras analizar los dispositivos incautados a Ábalos, a Koldo García y a Santos Cerdán, los investigadores detectaron más personas involucradas en esa mecánica de amaños. Algunas versiones sitúan a Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, entre los principales investigados, aunque la pieza sigue bajo secreto.
El precedente: la casa de Ábalos ya fue registrada en 2025
No es la primera vez que los agentes entran en la casa de Ábalos en Valencia. A comienzos de junio de 2025, los investigadores pasaron cerca de diez horas en el piso. Además, extendieron las diligencias a un local comercial del exministro situado en el mismo edificio. Aquella intervención la ordenó Leopoldo Puente, entonces instructor de la causa en el Tribunal Supremo.
De aquel registro salieron 38 evidencias digitales. Entre ellas había teléfonos móviles, discos duros, memorias externas y una tarjeta SIM. Los agentes también se llevaron cinco libretas y documentación en papel. El objetivo era reconstruir las relaciones entre los implicados y comprobar si el exministro intervino en adjudicaciones a empresas previamente seleccionadas.
El atestado de entonces recogió un episodio concreto. Ábalos intentó que una mujer que estaba con él sacara de la vivienda un disco duro escondido entre la ropa. No obstante, una agente advirtió la maniobra y el dispositivo terminó en manos de los investigadores. Poco después, la causa escaló y fue imputado Santos Cerdán, por entonces secretario de Organización del PSOE.
La presunta trama de adjudicaciones de obra pública
La investigación se fue ampliando desde que los agentes encontraron indicios de una posible red de intermediación. Según esos indicios, se buscaban adjudicaciones públicas a cambio de contraprestaciones económicas. En esta vertiente figuran como investigados Santos Cerdán, el antiguo asesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, entre otros.
En junio de 2025, un informe de la UCO situó a Cerdán en el centro de la presunta trama. El documento se apoyaba en conversaciones grabadas por Koldo García entre 2019 y 2023. También usaba documentación aportada por Aldama. Los investigadores sostienen que existió un sistema para favorecer a ciertas constructoras a cambio de comisiones. Según los indicios, Servinabar, empresa vinculada a Cerdán y a su socio Antxon Alonso, habría recibido un porcentaje de la facturación de algunas obras.
Las pesquisas siguieron este año. En septiembre, Moreno ordenó a la UCO acudir a Adif para recabar documentación sobre actuaciones ferroviarias. Entre ellas figuraban trabajos de la constructora Levantina en la red asturiana. En tanto, los investigadores examinaron adjudicaciones de la Dirección General de Carreteras y de otros organismos de Transportes. En junio, el fiscal Luis Pastor pidió prorrogar seis meses la investigación por la documentación pendiente de análisis. A su juicio, no podían descartarse nuevas diligencias ni nuevas imputaciones.
Ábalos, condenado y en prisión mientras registran la casa de Ábalos
El exministro ya cumple condena. El Tribunal Supremo lo sentenció a 24 años de prisión por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en la rama de las mascarillas. En total, el fallo abarca nueve delitos de corrupción. Según la liquidación del Alto Tribunal, le corresponde un cumplimiento efectivo de 16 años y medio. Actualmente está en la prisión madrileña de Soto del Real.
En esa misma rama, Koldo García recibió una pena de 19 años y Víctor de Aldama, de cuatro. El registro en la casa de Ábalos se produjo con el exministro en la cárcel y su pareja en la vivienda. Quien fuera mano derecha de Sánchez sigue bajo investigación en la Audiencia Nacional por la presunta manipulación de contratos de obra pública. Mientras tanto, el secreto impide saber qué contratos están bajo sospecha y qué personas podrían verse afectadas.
