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Ciudadanía por nacimiento en EEUU: la política impulsada por el presidente Donald Trump para poner fin a este derecho vuelve a estar bajo la lupa judicial. Este jueves, un juez federal en Concord, Nueva Hampshire, celebrará la primera audiencia importante sobre el decreto desde que la Corte Suprema de Estados Unidos impuso nuevas restricciones a las cortes inferiores para frenar políticas del poder ejecutivo. El proceso representa un punto de inflexión en el destino de una de las medidas más polémicas del presidente y una prueba de cómo la justicia responderá en esta nueva etapa.
Un decreto que busca cambiar la interpretación constitucional
Desde su primer día en la Casa Blanca, Donald Trump expresó su intención de poner fin a la ciudadanía por nacimiento. También conocida como jus soli, se basa en la interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución y establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos […] son ciudadanos de los Estados Unidos”.
Trump y sus asesores legales sostienen que esta cláusula ha sido malinterpretada y que no se debería aplicar a hijos de inmigrantes en situación irregular.
En consecuencia, el decreto firmado a principios de este año busca negar la ciudadanía automática a niños nacidos en suelo estadounidense si sus padres no son ciudadanos o residentes legales. La medida fue inmediatamente desafiada en tribunales de todo el país y detenida mediante órdenes judiciales a nivel nacional, lo que impidió su implementación.
Un nuevo escenario judicial tras el fallo de la Corte Suprema
La situación dio un giro en junio, cuando la Corte Suprema dictaminó que los tribunales inferiores deben limitar su poder para bloquear de forma preventiva políticas del gobierno federal.
Este fallo, en otro caso no relacionado directamente con la ciudadanía por nacimiento, ha tenido un efecto dominó sobre varios litigios abiertos contra políticas del poder ejecutivo, especialmente aquellas de alto impacto nacional.
La audiencia de este jueves en Nueva Hampshire es la primera en este contexto. Se considera una prueba clave para medir cómo el poder judicial federal reinterpretará su alcance. El juez deberá decidir si mantiene la suspensión nacional del decreto o permite que entre en vigor mientras avanza el litigio.
Tensiones legales y políticas
El debate en torno al jus soli no es nuevo en Estados Unidos. Sin embargo, nunca antes un presidente había intentado modificarlo por decreto. Los opositores argumentan que solo una enmienda constitucional podría cambiar el derecho de ciudadanía por nacimiento. Por su lado, los defensores del decreto insisten en que hay margen para reinterpretar la ley bajo criterios actuales de ciudadanía y migración.
El caso también tiene profundas implicaciones políticas. Para muchos críticos, la medida de Trump es un intento de endurecer aún más la política migratoria con fines electorales, alimentando el sentimiento antiinmigrante. En contraste, sus partidarios ven en el decreto un paso necesario para proteger la “identidad nacional” y frenar lo que consideran un abuso del sistema.
Lo que está en juego
El procedimiento judicial de esta semana no resolverá definitivamente el futuro del decreto, pero sí marcará el camino que seguirán otros jueces en casos similares. Si el juez decide levantar la suspensión, el gobierno podría comenzar a aplicar la nueva política. Esto generaría una ola de incertidumbre legal y social en hospitales, registros civiles y comunidades migrantes.
Además, el tema podría escalar nuevamente hasta la Corte Suprema, que tendría la última palabra sobre si el decreto es constitucional. Lo que está en juego es una definición clave sobre quién tiene derecho a ser estadounidense por nacimiento. Además, cómo debe interpretarse la Constitución en tiempos de tensiones migratorias.
El retorno del decreto de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento a los tribunales marca el inicio de una nueva etapa legal, ahora bajo reglas más estrictas para frenar políticas del Ejecutivo. El resultado de esta audiencia en Nueva Hampshire podría sentar un precedente nacional. En un año cargado de tensiones políticas y con elecciones a la vista, el fallo del juez podría tener consecuencias que van mucho más allá de las fronteras de una sala de tribunal.