Cinco países de la UE pactan con Ruanda un centro para deportar migrantes que abrirá en 2027

Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos anunciaron el lunes en Viena un acuerdo para iniciar deportaciones a Ruanda de migrantes sin derecho de residencia. El plan prevé abrir en 2027 un llamado «centro de retorno» en territorio ruandés. Allí se trasladará a personas con el asilo denegado que rechazaron el retorno voluntario, mientras se completa su expulsión definitiva. La Comisión Europea celebró la iniciativa. Se trata del primer acuerdo de miembros de la UE con un tercer país para externalizar parte de la gestión de retornos.

Cómo funcionará el plan de deportaciones a Ruanda

El centro funcionará al principio como un proyecto piloto. Antes del anuncio, fuentes diplomáticas indicaron que albergará a unas 100 personas. Además, cada uno de los cinco países enviaría posiblemente a unos 20 migrantes. El programa alcanzará a quienes agotaron todas las vías legales y de recurso para permanecer en alguno de esos Estados.

Sobre el perfil de los trasladados hay dos versiones. Por un lado, se informó que el piloto incluirá a hombres y mujeres. Por otro, el gobierno neerlandés afirmó en un comunicado que en la primera fase los cinco países «solo devolverán a hombres solteros». En cualquier caso, los menores quedan fuera de las deportaciones a Ruanda. El gobierno neerlandés confirmó que no se enviará a menores no acompañados.

Una vez en Ruanda, los deportados podrán integrarse en la sociedad local o volver a su país de origen. La integración implica derecho de residencia y acceso a la educación, la atención médica, el mercado laboral y el sistema legal. Por su parte, los Países Bajos se centrarán en «personas de países de origen en la misma región que Ruanda». Si el piloto resulta exitoso, los cinco países no descartan extender el modelo a Uganda y Uzbekistán.

El visto bueno de la Comisión Europea

Bruselas reaccionó incluso antes del anuncio formal. El portavoz comunitario de Interior y Migración, Markus Lammert, dijo que la Comisión «celebra» la iniciativa. También señaló que sus servicios siguieron «de cerca los trabajos preparatorios» de los cinco gobiernos. Además, valoró las medidas previstas para respetar los derechos humanos y colaborar con organismos de Naciones Unidas.

Lammert sostuvo que «este enfoque innovador puede contribuir a abordar la migración irregular y a mejorar la eficacia de los retornos, respetando plenamente el Derecho de la UE y el Derecho internacional». Sin embargo, aclaró que la Comisión espera conocer los detalles antes de evaluar el proyecto a fondo.

La financiación todavía no está definida. Según el portavoz, «en principio, corresponde a los Estados miembro financiar» estos centros. No obstante, existe la «posibilidad» de que la UE aporte «apoyo para medidas complementarias». Por eso, cada solicitud se analizará «caso por caso» antes de decidir si las deportaciones a Ruanda reciben fondos comunitarios.

El marco legal surge de una reforma de la política de retornos aprobada por los 27. Hasta entonces, el Derecho comunitario no permitía estos centros fuera del bloque. España votó en contra de esa reforma por las dudas legales sobre los centros de deportación.

Los argumentos de Viena y Berlín

El canciller austríaco, el conservador Christian Stocker, presentó el acuerdo en una rueda de prensa conjunta en Viena. Allí habló de un «cambio de paradigma verdaderamente histórico en la política migratoria». Según dijo, los cinco países buscan «privar a los traficantes de su inhumano modelo de negocio» y evitar muertes en el Mediterráneo. También quieren aliviar la presión sobre los sistemas de asilo europeos.

«Porque si las personas sin derecho de residencia en la Unión Europea no pueden ser expulsadas del país, todo nuestro sistema de asilo se convierte en un absurdo», afirmó Stocker. Luego agregó: «Porque debemos ser los dueños de nuestra propia casa». La iniciativa fue propuesta por Austria hace dos años.

El ministro alemán Alexander Dobrindt, uno de los impulsores de las deportaciones a Ruanda, marcó diferencias con el plan fallido entre el Reino Unido y ese país. En este caso, explicó, se enviará a personas cuyo asilo ya fue rechazado. Además, sostuvo que el marco jurídico ya existe a nivel de la UE: «Ahora se trata de implementarlo». También destacó la «rapidez notable» de Ruanda en las negociaciones.

Dobrindt aseguró que el plan respetará la legislación europea y los derechos humanos. Por eso, en la reunión participaron el alto comisionado de ACNUR y representantes de la OIM, con quienes también buscan acuerdos.

La posición del gobierno ruandés y de la OIM

El ministro del Interior de Ruanda, Vincent Biruta, afirmó que su país trabajará con los socios europeos para ofrecer una «solución segura, legal y digna para los migrantes». Además, dijo que buscarán «corregir el desequilibrio global en las oportunidades económicas». Biruta calificó ese desequilibrio como un «factor clave de la migración irregular».

En tanto, la Organización Internacional para las Migraciones podría tener un papel secundario en las deportaciones a Ruanda. Un portavoz recordó que la OIM «tiene una larga trayectoria prestando asistencia a migrantes en situaciones de tránsito, incluso en contextos complejos». Asimismo, indicó que la agencia conversa con algunos países de la UE «sobre planes para el establecimiento de centros de retorno o mecanismos similares».

Críticas a las deportaciones a Ruanda

Los cinco gobiernos afirman que el plan se ajusta al derecho internacional y a la normativa europea. Sin embargo, organismos de derechos humanos sostienen que podría violar los derechos de los migrantes. Clementine de Montjoye, investigadora principal de Human Rights Watch para África, advirtió sobre el «historial bien establecido de represión de la disidencia, detenciones arbitrarias, malos tratos en prisión» de Ruanda. También mencionó su apoyo a rebeldes armados en la República Democrática del Congo.

«Pagar a Kigali para que acoja un programa de deportación no solo causaría sufrimiento y daño a los deportados, sino que financiaría y proporcionaría influencia política a un gobierno responsable de graves violaciones de los derechos humanos tanto en su país como en el extranjero», afirmó la investigadora.

Por otra parte, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE señaló que el país anfitrión debería «respetar los derechos fundamentales». Eso incluye no enviar a nadie a un lugar con grave riesgo de persecución. A su vez, el presidente francés, Emmanuel Macron, ya había criticado la idea. Consideró que estos centros no son «ni eficaces» ni coherentes con los valores de la UE.

El precedente británico y el contexto de las deportaciones a Ruanda

El acuerdo británico con Ruanda contemplaba enviar personas para tramitar allí sus solicitudes de asilo. Los litigios frenaron ese plan y el gobierno laborista entrante lo desechó en 2024. Antes, la ONU había pedido a Reino Unido reconsiderar esas expulsiones. Ahora, Downing Street no descarta sumarse a las deportaciones a Ruanda y dice que seguirá el plan «con interés».

Además, ante la proximidad de elecciones, varios gobiernos de la UE enfrentan presión para demostrar que controlan la migración. Según la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, en los primeros 10 meses de 2026 hubo casi 110.000 cruces irregulares hacia la UE. Esa cifra representa un descenso del 29% frente al año anterior.

En octubre se detectaron alrededor de 18.100 cruces, un 6% menos que en octubre de 2025. Sin embargo, la cifra fue un 22% superior a la de septiembre. El aumento se debió «en gran medida a un fuerte aumento de las llegadas por la ruta de África Occidental hacia las Islas Canarias».

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