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Bélgica: la advertencia lanzada recientemente por una jueza belga sobre el riesgo de que el país“caiga en las garras de los traficantes” ha vuelto a encender todas las alarmas. Bélgica, sede de la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo, es hoy uno de los principales puntos de entrada de cocaína en el continente. Un escenario que se combina con políticos amenazados, jueces intimidados, tiroteos en barrios residenciales y explosiones frente a casas de funcionarios, y que despierta la inquietud sobre si la democracia belga está siendo infiltrada por el crimen organizado.
Bélgica es hoy uno de los principales puntos de entrada de cocaína en el continente.
Durante los últimos cinco años, Bélgica se ha convertido en el gran punto de desembarco de la cocaína latinoamericana en Europa. El puerto de Amberes, el segundo mayor del continente, ha batido récords sucesivos de incautaciones: más de 100 toneladas al año, según datos oficiales. Pero los decomisos, lejos de representar una victoria, parecen demostrar el volumen gigantesco del tráfico. Las mafias dan por hecho que un porcentaje de la carga será interceptado y lo descuentan como coste de operación. El negocio continúa.
El crimen organizado en Bélgica está mayoritariamente vinculado a grupos neerlandeses, marroquíes y balcánicos, que han desarrollado una estructura financiera y logística de alcance continental: contenedores contaminados, empresas pantalla, operadores portuarios cooptados y redes de distribución en Francia, Holanda, Alemania y España. Amberes es solo el punto de entrada: la dispersión posterior alimenta un mercado europeo que ya supera los 10.000 millones de euros anuales.
Droga y violencia
La preocupación institucional ha crecido en paralelo a la violencia. Los atentados con explosivos se han vuelto más comunes en Amberes y Bruselas, utilizados como mensajes o advertencias mafiosas. Funcionarios públicos, incluidos magistrados, han pasado a vivir con protección. En 2022, el ministro de Justicia Vincent Van Quickenborne tuvo que ser aislado ante amenazas de secuestro.
Las autoridades judiciales señalan que las redes criminales operan con una sofisticación inédita, capaz de infiltrarse en administraciones locales, empresas de logística e incluso en cuerpos de seguridad. La frontera entre corrupción y presión violenta se ha vuelto difusa. La reciente advertencia de una jueza, al alertar que Bélgica podría estar “dejando de controlar territorio” en ciertas áreas, ha colocado el término “narcoestado” en el debate público.
El problema es transcontinental
Para el Gobierno federal, la comparación es excesiva; pero admite el tamaño del problema. Bruselas ha reforzado controles en puertos, ampliado presupuestos policiales y anunciado nueva legislación para perseguir mejor el lavado de dinero. La cooperación con Países Bajos y España también se ha estrechado, intentando frenar rutas y capitales.
Sin embargo, los expertos advierten que Europa no ha entendido aún la profundidad estructural de estas mafias. No son un fenómeno local, sino transcontinental. Mientras exista demanda, y un flujo de contenedores que crece cada año, la presión sobre Bélgica seguirá aumentando.
La imagen de un país estable, discreto y burocrático convive ahora con la sombra de un poder criminal que se expande más rápido que las respuestas políticas. La pregunta ya no es solo si Bélgica puede responder a tiempo. Es si Europa está mirando de frente lo que ocurre en su propio centro.