La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón citó como investigado a Miguel Ángel Pérez Triano, exdelegado del Gobierno en Ceuta, en la causa sobre la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma a finales de julio. Deberá comparecer con abogado el próximo 18 de noviembre. Se trata del primer investigado en esta causa.
Pérez Triano, primer imputado de la causa
La comparecencia coincidirá con la campaña electoral para las elecciones del 29-N. Pérez Triano, que fue líder del PSOE en la ciudad autónoma, ocupó la Delegación del Gobierno hasta septiembre. La causa investiga la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. En esas jornadas, más de 70.000 personas cruzaron ilegalmente la frontera desde Marruecos.
La resolución que la jueza dictó el jueves es escueta. En un breve párrafo, argumenta que ya recibió las querellas presentadas contra el exdelegado en Ceuta, que luego se derivaron a la Audiencia Nacional. Además, menciona «los informes precisos sobre su posible participación» en «los hechos».
Una dimisión tras negar los avisos
Pérez Triano presentó su renuncia el 28 de septiembre, en una comparecencia sin preguntas. Allí admitió, después de haberlo negado, que la Delegación sí alertó de la «grave crisis migratoria». También afirmó que «desde el primer momento» informaron de lo que ocurría. Además, dijo que pidieron «medidas y refuerzos» y emitieron «informes y comunicaciones diarias desde mucho antes del 30 de julio».
Según explicó, la decisión de dejar el cargo la había tomado tiempo atrás. La había comunicado al ministro Ángel Victor Torres, «mando único» para la crisis de Ceuta. Para justificar su salida de la política, alegó que su familia «no se merece esta presión». Por otra parte, sostuvo que «semanas antes» había advertido al Gobierno central de la movilización que se producía en Marruecos para cruzar la frontera.
La situación del exdelegado se había complicado antes de su renuncia. El 8 de septiembre, La Moncloa desclasificó documentos y comunicaciones de los servicios secretos de los días previos a la avalancha del 30 de julio.
El testimonio de Gonzalo Sanz y los mensajes del CNI
El 29 de julio, un agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) avisó a Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete de Pérez Triano, de la inminencia de un asalto masivo a la frontera de El Tarajal. Lo hizo mediante mensajes y una llamada. El aviso hablaba de grupos en redes sociales que promovían la entrada y sumaban 180.000 participantes. La convocatoria coincidía con la Fiesta del Trono de Marruecos.
Sanz dimitió después de que el delegado afirmara que no le había trasladado esa advertencia. A principios de octubre, declaró como testigo ante Tardón. En esa cita relató que sí avisó al delegado de los mensajes de WhatsApp que recibió del agente.
En su declaración, el exjefe de Gabinete explicó que la presión migratoria ya era extraordinaria en los días previos a la crisis. Asimismo, contó que la Delegación avisó al Ministerio del Interior, pero que la respuesta no fue la esperada. Sin embargo, respaldó en gran medida la actuación de su antiguo jefe. Incluso planteó que este pudo decir en público que no había sido informado porque no lo recordaba.
Los mandos policiales describen lo ocurrido en la frontera
El jueves, la jueza tomó declaración a tres mandos de la Policía Nacional destinados en Ceuta durante la oleada, cuando Pérez Triano dirigía la Delegación. El primero, un inspector de la frontera, contó que el 28 de julio recibió una orden inusual. Debía abrir un carril especial para que pasara «de urgencia» el nuevo cónsul de España en Tánger. La instrucción llegó también al jefe de la brigada de Extranjería, entre otras autoridades.
El inspector explicó que no era un procedimiento habitual. Los funcionarios suelen hacer cola como todo el mundo, y solo hay carril propio para ambulancias o autobuses. «Es muy raro tener que habilitar un carril para alguien», resumió. No le dieron explicaciones y él tampoco preguntó. El cónsul entró y salió esa misma tarde por el mismo carril.
A preguntas del fiscal, indicó que en la frontera se comentaba que el cónsul había ido a avisar de la entrada. Aun así, aclaró que no podía darlo por cierto. En cambio, aseguró que lo recibió el entonces jefe de Gabinete de la Delegación. Además, relató que el día 29, a las 21.09 horas, recibió una alerta de «riesgo extremo» de llegada masiva. «La recibí yo y la imprimí», dijo. Esa tarde vio cinco patrulleras marroquíes en la zona, algo que observaba por «primera» vez.
La Delegación de Pérez Triano y la cadena de mando
El segundo testigo fue el inspector jefe responsable de la frontera. Explicó que, para aumentar los medios y frenar las entradas, necesitaba una orden del jefe superior. Este, a su vez, debía recibirla de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) en Madrid o de la Delegación del Gobierno. «Esa es la cadena de mando», afirmó.
Según su relato, esa orden no llegó. Tampoco hubo instrucciones para coordinar a quienes estaban en la frontera. «Por la cadena de mando natural no se había recibido instrucción alguna […] Pregunté y no había indicación. […] La sensación es que se lo pusimos muy fácil. No se hizo nada», declaró.
En ese momento, Tardón intervino para resaltar que «la coordinación» era competencia «de la Delegación del Gobierno». Es decir, del organismo que encabezaba Pérez Triano, a quien la jueza acababa de citar como investigado.
Comunicaciones y Marruecos en la causa en la que declarará Pérez Triano
La jueza también pidió dos informes más. A la Comisaría General de Información le reclamó datos sobre «anomalías en las comunicaciones operativas» entre el 28 de julio y el 5 de agosto, «compatibles con actuaciones coordinadas» para perturbar la respuesta del Estado. Por su parte, a la Guardia Civil le solicitó las grabaciones de las llamadas recibidas el 30 y el 31 de julio. El pedido llega después de que un policía relatara retrasos y fallos durante varios días.
La Fiscalía había solicitado, además, informes al CNI, al Estado Mayor de la Defensa, al Centro Criptológico Nacional y al Mando Conjunto del Ciberespacio sobre posibles ciberataques o interferencias. Tardón aplazó esa decisión porque, por ahora, no hay «elemento objetivo alguno» de una interferencia deliberada. Sin embargo, escribió que esa posible afectación «constituye una hipótesis fáctica directamente relacionada con la capacidad de reacción institucional» y que «merece ser objeto de comprobación».
Al asumir la causa, la magistrada apreció indicios de «una conducta delictiva» «presuntamente cometida en el extranjero», «que ha atacado gravemente la integridad territorial de España«. En las últimas semanas recibió informes policiales que señalan a autoridades marroquíes presentes en la zona como posibles «dinamizadores» del acceso. Su resolución insiste en que la entrada «no tuvo una naturaleza ocasional o espontánea» y que buscó el «máximo impacto sobre la gestión fronteriza» hasta lograr «su colapso».
Paralelamente, Tardón anunció que indagará «todas las actuaciones que tienen lugar en territorio español», incluida la gestión de las «alertas». En ese marco, Pérez Triano declarará el 18 de noviembre como primer investigado.
