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La aseguradora del pesquero Villa de Pitanxo, la armadora Pesquerías Nores Marín y el patrón, Juan Padín, han ofrecido 6,2 millones de euros a los familiares de 20 de los marineros fallecidos en el naufragio. El buque gallego se hundió en febrero de 2022 en aguas de Terranova, en Canadá. En aquel siniestro murieron 21 de los 24 tripulantes que iban a bordo. Además, la propuesta incluye un pago de más de 123.500 euros para Samuel Koufie, el marinero que sobrevivió.
Qué incluye la oferta por el Villa de Pitanxo
La oferta se dirige a los familiares que han acreditado de forma suficiente su derecho a reclamar. Las cantidades no son iguales para todos. Por el contrario, varían según el parentesco con cada fallecido y los perjuicios que cada reclamante haya podido demostrar.
Desde el despacho que representa a la armadora y al patrón explicaron que la propuesta es firme. Por eso, no está sujeta a negociación. La oferta se formalizó por vía judicial porque los abogados de las familias se negaron a recibirla de manera directa.
En España no existe un baremo específico para calcular las indemnizaciones por responsabilidad civil en un naufragio. Por ese motivo, se toma como referencia el sistema de valoración de daños de los accidentes de circulación. En nombre de los encausados del caso Villa de Pitanxo, la aseguradora pidió al juzgado que valide el pago a cada reclamante con ese baremo como guía.
El papel de la aseguradora British Marine
La aseguradora es British Marine, que forma parte del holding australiano QBE Insurance. Este año contrató al despacho madrileño Gómez de Liaño & Márquez de Prado. El objetivo fue doble: personarse en la causa que investiga el naufragio y buscar un acuerdo indemnizatorio con las familias. De hecho, ya logró cerrar un pacto con una de ellas.
En el procedimiento, British Marine figura como responsable civil directa. En tanto, Pesquerías Nores Marín tiene la condición de responsable civil subsidiaria. A efectos prácticos, la aseguradora garantiza que las indemnizaciones se pagarán. Eso ocurrirá por mandato judicial o, si su oferta prospera, mediante acuerdos individuales con cada familia.
Entre las personas físicas encausadas figuran el patrón, Juan Enrique Padín, y José Antonio Nores Ortega, director de Flota de Pesquerías Nores Marín. También está acusado el administrador de la compañía. Todos ellos, entre otros, están imputados por 21 delitos de homicidio imprudente en el caso del Villa de Pitanxo.
La versión de la armadora y del patrón
El despacho vigués Amya Abogados ejerce la representación legal de la armadora y del patrón. Su letrado Alberto Penela defendió la actitud de la empresa ante las familias. «Por parte de la empresa armadora se ha venido tratando desde un principio de solventar las reclamaciones de las familias, al margen de que existan o no responsabilidades civiles y penales, y no ha sido posible», afirmó.
Según el despacho, el acuerdo no se alcanzó antes por varios motivos. Algunos legitimados para reclamar no habían presentado una acreditación suficiente. Otros siguen sin hacerlo, y otros la entregaron de forma defectuosa. Asimismo, el abogado atribuyó las dificultades a las «pretensiones desmedidas de muchos reclamantes».
Por otra parte, el abogado Manuel Lampón representa a la mayoría de los familiares de los fallecidos. Su postura sobre la nueva oferta no consta en la información disponible.
Las familias del Villa de Pitanxo rechazan un pacto
La portavoz de las familias descartó cualquier opción de acuerdo. Se trata de María José de Pazo, hija del jefe de máquinas del pesquero, Francisco de Pazo. «Seguimos como hasta ahora, buscando justicia, y que los responsables de que nos falten los 21 tengan su sentencia», declaró ante la prensa.
La distancia entre ambas partes es amplia. Las indemnizaciones que reclaman las familias de los 21 fallecidos y el superviviente superan los 30 millones de euros. Así lo hizo constar el magistrado Ismael Moreno en el auto de apertura de juicio oral del caso Villa de Pitanxo.
En ese mismo auto, el juez exigió a los imputados una fianza solidaria de 44 millones de euros. La medida busca, según el texto, «asegurar las responsabilidades» que se les pudieran imponer en una eventual sentencia condenatoria.
Lo que pide la Fiscalía por el naufragio del Villa de Pitanxo
Un eventual acuerdo sobre las indemnizaciones civiles no afectaría al procedimiento penal. La Fiscalía solicita 9 años de prisión para cada uno de los acusados. Les atribuye 21 delitos de homicidio imprudente en concurso con un delito de lesiones por imprudencia, por el caso de Samuel Koufie. Además, los acusa de un delito contra los derechos de los trabajadores.
El escrito de acusación se apoya en el «grosero desprecio por la vida» que, según la Fiscalía, mostraron los acusados y la compañía armadora. El ministerio público sostiene que el Villa de Pitanxo no tenía que haber estado en la zona donde se hundió.
Desde marzo de 2018, el barco tenía prohibido faenar en zonas de formación de hielos, también llamadas de engelamiento. Esa restricción figuraba en un certificado de estabilidad expedido por la Capitanía Marítima de Vigo. Sin embargo, después de aquella prohibición, el pesquero salió 19 veces a pescar en los Grandes Bancos de Terranova, una zona de formación de hielos. El Villa de Pitanxo naufragó finalmente a 450 kilómetros de la costa de Terranova.