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Las autoridades piden a víctimas y testigos que aporten información sobre posibles delitos de corrupción y de conducta sexual indebida
El cerco judicial sobre Andrew Mountbatten-Windsor, quien hasta hace pocos meses ostentaba el título de príncipe Andrés, se estrecha de manera notable. Los responsables de la pesquisa abierta en territorio británico han decidido salir a la luz con un mensaje contundente: lo que parecía circunscribirse a una posible filtración de papeles oficiales podría desembocar en imputaciones por presuntas agresiones sexuales, sobornos, manejos fraudulentos y aprovechamiento ilícito del poder institucional. El nombre de Jeffrey Epstein, el inversor neoyorquino que apareció muerto en su celda en 2019 mientras esperaba juicio por trata sexual de menores, vuelve a aparecer como hilo conductor de toda la trama.
Quien dio el paso al frente fue Oliver Wright, subcomisario al mando del cuerpo policial de Thames Valley, jurisdicción que abarca buena parte del sureste inglés y, particularmente, la zona de Windsor. Su gesto rompe con la cautela habitual que rodea cualquier asunto vinculado a miembros del entorno regio y constituye una señal poco frecuente en la tradición policial del país: invitar abiertamente a la población a aportar pistas contra el hermano menor del rey Carlos III.
Cuando una etiqueta jurídica esconde mucho más
A efectos administrativos, los expedientes siguen catalogados como una indagación sobre «mala conducta en el ejercicio de cargo público», un tipo penal específico de la tradición legal anglosajona. La definición suena fría y burocrática, casi inofensiva, pero los uniformados quisieron desactivar de raíz cualquier malentendido sobre su verdadero alcance.
Wright fue tajante al respecto. Indicó que no van a dejar piedra sin remover y que perseguirán toda hipótesis que merezca ser explorada, con independencia de adónde los lleven los hechos. Anunció también que ya cuentan con un caudal considerable de pistas, parte aportadas por ciudadanos particulares y parte llegadas por canales reservados.
El mensaje tiene un destinatario claro. Desde el equipo investigador se ha detectado que algunas personas con datos potencialmente útiles podrían estar callando porque suponen, equivocadamente, que el caso solo gira en torno a documentos confidenciales mal compartidos. La realidad es bien distinta: el paraguas legal cubre desde sobornos hasta abusos de naturaleza sexual, pasando por engaños patrimoniales, entorpecimiento de la acción judicial y aprovechamiento indebido de la propia posición.
«Nuestras puertas no se van a cerrar para nadie que tenga algo que contar; cuando esa persona se sienta lista para acercarse, ahí estaremos», prometió Wright en términos que se interpretan como una llamada explícita a posibles afectadas que hayan callado durante años.
La chispa vino del otro lado del Atlántico
El detonante de toda esta maquinaria policial hay que buscarlo en Washington. Cuando la fiscalía federal estadounidense desclasificó parte del archivo Epstein, salieron a la superficie pasajes que apuntan directamente al período en que Mountbatten-Windsor representaba a la Corona británica en asuntos comerciales internacionales, función que desempeñó a lo largo de una década, desde principios del siglo XXI hasta 2011.
Los textos sugieren algo delicado: que el aristócrata británico podría haber traspasado al financiero estadounidense datos sensibles a los que accedía gracias a su rol diplomático. El interesado lo ha rechazado categóricamente en cada ocasión que ha tenido oportunidad de pronunciarse, asegurando que jamás convirtió su cargo en una herramienta de enriquecimiento personal. Pero los documentos liberados al otro lado del océano introdujeron nuevas dudas que las autoridades de Su Majestad no han querido pasar por alto.
Una investigación con limitaciones de origen
Los detectives británicos chocan con un obstáculo nada menor: el acceso al material primario. Los archivos auténticos siguen guardados en dependencias estadounidenses, y los investigadores se han visto obligados a operar, por ahora, con las copias subidas a internet por el Departamento de Justicia norteamericano.
Londres ya elevó una solicitud oficial por la vía de la asistencia jurídica entre Estados para conseguir los originales, pero los indicios apuntan a que el trámite será lento. Las señales que llegan desde la Administración estadounidense advierten que cualquier traslado de documentación exige cumplir requisitos procesales que pueden estirar los plazos durante varios meses, e incluso más allá. A los desafíos jurídicos se suman, así, complicaciones diplomáticas y burocráticas que ralentizan todo el engranaje.
¿Era realmente un cargo público?
A la espera de los papeles que duermen en Estados Unidos, los agentes trabajan con lo que tienen al alcance. Han remitido requerimientos formales a varios ministerios y también al propio aparato palaciego para reconstruir, con la mayor precisión posible, qué deberes, códigos éticos y reglamentos internos regían la figura del enviado comercial cuando Mountbatten-Windsor la ocupaba.
Aquí surge una de las cuestiones más espinosas del expediente, y de cuya resolución depende buena parte de su viabilidad: ¿se puede equiparar ese puesto a un «cargo público» en sentido estrictamente jurídico? Si la respuesta es negativa, el armazón acusatorio basado en la figura del abuso de funciones se desmorona en buena medida. Los letrados que asesoran al equipo investigador todavía no han cerrado posición y la interpretación que prevalezca puede resultar determinante.
Quienes están al tanto de cómo avanzan las diligencias coinciden en un pronóstico realista: incluso si la prueba acumulada llegara a ser sólida, parece poco probable que el caso desemboque en pronunciamientos judiciales relevantes antes de que termine 2026.
Una mujer, un viaje y un encuentro en Royal Lodge
Junto a la línea económica corre otra, igualmente delicada, que apunta directamente a delitos de orden sexual. Una ciudadana de nacionalidad estadounidense ha contado que, en 2010, Epstein la trasladó hasta el Reino Unido con el propósito explícito de propiciar un encuentro íntimo con el entonces miembro de la realeza. El escenario habría sido Royal Lodge, la lujosa propiedad situada en los jardines de Windsor donde el aristócrata residía por aquel entonces.
Su representante legal, el letrado Brad Edwards, lleva tiempo en conversaciones con las autoridades del Reino Unido, según ha publicado la BBC. Sus palabras a la emisora pública resultaron especialmente reveladoras: aludió a «al menos una mujer» que Epstein habría puesto en el camino del royal británico. Esa fórmula deja entrever que la lista de afectadas podría no acabar ahí.
Desde Thames Valley Police se reconoció el contacto con el entorno jurídico de la denunciante y se garantizó que cualquier declaración formal recibirá un trato escrupuloso, con plena protección de la intimidad de la testigo y del anonimato al que tiene derecho. La promesa parece pensada para animar a otras posibles víctimas que, hasta ahora, hayan preferido mantenerse en la sombra.
La Corona, ante un terreno resbaladizo
El paso dado por la policía coincide con una etapa especialmente comprometida para la monarquía. Mountbatten-Windsor ha sido despojado en los últimos tiempos de sus distinciones nobiliarias, de los honores que le correspondían por su lugar en la línea sucesoria y de las prerrogativas residenciales asociadas a la institución. Todo apunta a que el Palacio de Buckingham ha optado por separar al exduque de Su Majestad antes de que un eventual revés judicial complique aún más la imagen de la familia real.
El fondo de la cuestión va más allá del nombre propio. Lo que está en juego es hasta dónde puede llegar el sistema legal británico cuando el investigado lleva un apellido tan pesado como Windsor. La respuesta determinará si la rendición de cuentas en las instituciones del país realmente alcanza a todos sus integrantes, incluyendo a quienes, durante décadas, se movieron en el círculo más estrecho del trono.
De momento, los responsables de la pesquisa han optado por la paciencia como estrategia y por confiar en que su llamamiento público destrabará información que llevaba demasiado tiempo guardada. Wright no oculta que el camino será largo. Lo que sí transmite con cada declaración es que el caso ha dejado definitivamente de ser un asunto secundario para la policía británica.