Contenidos
Argentina endurece su régimen migratorio: nuevas restricciones para extranjeros condenados y cambios en el acceso a servicios públicos.
El gobierno argentino ha anunciado un conjunto de medidas que reforman en profundidad el régimen migratorio del país. A través de un nuevo decreto, se endurecen los requisitos de ingreso, residencia y ciudadanía. También se imponen limitaciones al acceso de los extranjeros a la salud y la educación públicas. Las modificaciones, presentadas como una forma de «proteger a los argentinos y a los inmigrantes que cumplen la ley», marcan un cambio significativo respecto a la política migratoria tradicional de Argentina, conocida por su apertura.
Rechazo de ingreso y deportación automática para extranjeros con condenas
Uno de los puntos centrales del decreto es la decisión de prohibir el ingreso al país de cualquier extranjero con antecedentes penales o condenas. El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue categórico: “Todo aquel que sea condenado será deportado, sea por el delito que sea”. Esto incluye ilícitos que hasta ahora no eran motivo de expulsión, como aquellos con penas menores a cinco años de prisión. Con esta medida, el Gobierno busca evitar que Argentina sea considerada un “destino amable” para personas con antecedentes delictivos.
Asimismo, los extranjeros que ya residen en el país y que hayan sido condenados por delitos también serán deportados, sin importar el tipo de infracción cometida. Esta decisión ha generado debate en sectores de derechos humanos, que advierten sobre posibles vulneraciones a tratados internacionales firmados por el país.
Requisitos más estrictos para obtener la ciudadanía argentina
El decreto también endurece las condiciones para obtener la ciudadanía argentina. A partir de ahora, será necesario haber residido de forma continua en Argentina durante al menos dos años ininterrumpidos o bien realizar una inversión económica significativa en el país. Esta disposición apunta a evitar lo que el Gobierno describe como una “banalización del pasaporte argentino”, que en algunos casos era solicitado sin vínculos reales con el país.
Para quienes busquen la residencia permanente, se exigirá la acreditación de ingresos suficientes o medios económicos que garanticen la autosuficiencia. También deberán presentar certificados de antecedentes penales limpios de sus países de origen, una medida que busca reforzar el control migratorio preventivo.
Cobro por el acceso a salud y educación públicas
Otro de los cambios más polémicos tiene que ver con el acceso a la salud y la educación públicas. El nuevo decreto establece que los extranjeros deberán pagar por el uso de estos servicios, a menos que tengan acuerdos bilaterales con sus países de origen. Además, se exigirá que todos los viajeros cuenten con seguro médico para ingresar al país. Las universidades nacionales, por su parte, podrán cobrar aranceles a los residentes temporarios, lo que modifica el acceso tradicionalmente gratuito a la educación superior.
Fin a los “giros de salud” y debate sobre el uso de recursos públicos
Uno de los argumentos detrás de estas medidas es poner fin a lo que el Gobierno llama los “giros de salud”, una práctica por la cual ciudadanos extranjeros cruzaban la frontera, sobre todo desde países limítrofes, únicamente para atenderse en hospitales públicos argentinos, sin aportar al sistema.
Estas decisiones representan un giro respecto a la ley de migraciones sancionada en 2003 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. Esta ley garantizaba el acceso gratuito e irrestricto a la salud y educación para todos los habitantes del país, independientemente de su situación migratoria. Esa normativa fue, durante dos décadas, un símbolo del modelo de integración y hospitalidad que caracterizó históricamente a la Argentina. Un país que a lo largo de su historias fue forjado por distintas corrientes inmigratorias.
Un nuevo paradigma migratorio
El gobierno actual defiende estas reformas como una respuesta necesaria para proteger los recursos públicos, reforzar la seguridad y ordenar el sistema migratorio. Pero la iniciativa ya ha sido cuestionada por organizaciones sociales y académicas que alertan sobre su posible impacto en la integración y los derechos de los migrantes.
Argentina endurece su régimen migratorio y se alinea con una tendencia más restrictiva que se observa en varios países de la región, dejando atrás su histórica tradición de puertas abiertas a la inmigración.