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El gobierno de Javier Milei avanza con una serie de medidas que buscan acelerar la monetización de la economía argentina, en un contexto de alta informalidad y desconfianza histórica hacia el sistema financiero. El foco de esta estrategia es seducir a los argentinos que conservan dólares fuera del circuito bancario, en el país o en el exterior, para que los vuelquen al consumo, la inversión o al sistema económico formal. Se estima que los argentinos tienen alrededor de 213.000 millones de dólares fuera del sistema bancario, una cifra que representa un potencial enorme si se logra movilizar.
Un giro en la política fiscal y de control
Para lograr este objetivo, el Ejecutivo anunció una serie de desregulaciones e incentivos fiscales orientados a liberar el uso del efectivo y relajar los controles que históricamente generaban temor a la fiscalización. Juan Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), detalló que ya no se informarán las compras realizadas con tarjetas de crédito y débito, ni se reportarán operaciones de compraventa de autos usados.
Tampoco se exigirá más a los escribanos la carga mensual de transacciones importantes, ni se informarán las expensas que paga el propietario o inquilino de un inmueble, ni la puesta en venta de una propiedad. También se suspende el cruce de datos sobre el consumo de servicios, como luz, gas o cable, lo que hasta ahora era una forma indirecta de detectar gastos no declarados.
El nuevo enfoque impositivo
Uno de los cambios centrales es la reconfiguración del Impuesto a las Ganancias, que ahora se concentrará en la facturación real de cada contribuyente, dejando de lado el análisis de sus consumos o signos exteriores de riqueza. Además, se subirán los umbrales a partir de los cuales los bancos, tarjetas o comercios deben informar a ARCA por una operación, lo que busca reducir la sensación de vigilancia permanente y el miedo a las sanciones.
El mensaje del Gobierno de Javier Milei es claro: quien tenga dólares “guardados” podrá usarlos sin temor a ser observado ni castigado, en un contexto donde se apunta a recuperar la confianza en el uso del dinero en efectivo y fortalecer el mercado interno desde la demanda privada.
El largo historial de desconfianza
El motivo por el cual tantos argentinos conservan su dinero fuera del sistema formal tiene raíces profundas. Dos eventos históricos dejaron una huella imborrable. El Plan Bonex de 1990, cuando el gobierno de Carlos Menem confiscó depósitos en dólares y los transformó en bonos y el Corralito de 2001, durante la crisis del gobierno de Fernando de la Rúa, cuando se restringió el retiro de efectivo de los bancos y luego se pesificaron compulsivamente los ahorros en dólares. Estas experiencias traumáticas reforzaron una cultura de desconfianza hacia los bancos y el Estado e impulsaron el hábito de ahorrar en billetes físicos, guardados en cajas de seguridad o incluso en los hogares.
El objetivo: movilizar el capital dormido, los dólares “debajo del colchón”
El gobierno de Javier Milei apuesta a que, al eliminar los controles e informes automáticos, muchos ciudadanos opten por usar sus dólares “debajo del colchón” sin temor, reactivando el consumo o canalizando ese dinero en inversiones o compras. Esta liquidez oculta, si se moviliza, podría dar un impulso relevante a la actividad económica sin necesidad de emisión ni endeudamiento.
En resumen, Argentina vive un cambio de enfoque en la relación entre el Estado y los contribuyentes. En lugar de castigar o perseguir, se busca generar condiciones de confianza y libertad para que el ciudadano se sienta seguro al operar con sus ahorros. Aunque el éxito de estas medidas dependerá de la percepción social y la estabilidad macroeconómica, el gobierno confía en que esta estrategia puede ser el primer paso para una economía más dinámica y menos reprimida.