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La Fiscalía Europea abrió una investigación por un posible fraude con fondos de la Unión Europea tras el accidente de Urda (Toledo), ocurrido el 28 de octubre, en el que murieron 69 personas. Las pesquisas se centran en las obras de renovación y mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. El organismo actúa por iniciativa propia y confirmó la apertura del caso en un comunicado. Además, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron este viernes a varias sedes oficiales para requerir documentación.
Requerimientos de la UCO tras el accidente de Urda
Los agentes de la UCO llegaron a las 9.30 de este viernes a la sede del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). También se desplazaron a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y al Tribunal de Cuentas. Su objetivo era recabar contratos que habrían sido financiados con fondos europeos. Con esa documentación, los investigadores buscan determinar si hubo malversación en las obras de mantenimiento de la vía.
Por su parte, fuentes de Adif confirmaron que los documentos solicitados se refieren a las «actuaciones de renovación de la señalización y los sistemas de comunicaciones» de la línea. Según esas mismas fuentes, la empresa atendió el requerimiento con «total colaboración» hacia los investigadores. En tanto, la Fiscalía Europea no ofreció más detalles sobre esta nueva causa vinculada al accidente de Urda.
En el siniestro de Urda chocaron dos trenes. La línea Madrid-Sevilla es la más antigua de la alta velocidad española. En un lapso de nueve meses, sufrió dos accidentes con un total de 115 fallecidos y decenas de heridos.
Los delitos investigados y el modelo de instrucción
De acuerdo con fuentes jurídicas, la investigación abarca la presunta desviación de fondos europeos, el fraude en las subvenciones y la malversación, entre otros presuntos delitos. La Fiscalía Europea es un órgano independiente. Su función es investigar los delitos que atentan contra los intereses financieros de la UE.
En estas causas, la Fiscalía Europea se centra en si se malversaron fondos comunitarios. Este organismo sigue un modelo de instrucción similar al de numerosos países de la UE. En ese esquema, los fiscales dirigen la investigación. El juez designado en España solo supervisa que el procedimiento respete las garantías legales.
Ese control judicial alcanza las medidas que restringen derechos fundamentales, como las entradas y registros en domicilios o las intervenciones telefónicas. En el caso de Adamuz, la Audiencia Nacional designó al juez José Luis Calama como magistrado de garantías. Otro juez se encargará de supervisar la causa abierta por el accidente de Urda.
El sistema de seguridad cuestionado en el accidente de Urda
Los sistemas de seguridad, señalización y comunicación están en el centro de esta segunda investigación. Además, fueron uno de los elementos cuestionados tras el siniestro. El origen del accidente de Urda está en un fallo informático que provocó la caída del LZB. Esa tecnología regula la velocidad a la que pueden circular los trenes.
El LZB es el principal sistema de seguridad de los maquinistas en la línea Madrid-Sevilla. Está pendiente de sustitución por el ERTMS, que opera en el resto de la red de alta velocidad. Ambos transmiten en tiempo real información sobre la velocidad permitida y la distancia respecto a otros trenes. También activan el frenado automático de los convoyes.
No obstante, el ERTMS es más moderno y es el estándar que exige la UE. Adif licitó y adjudicó en 2021 el contrato para reemplazar un sistema por otro. Según los plazos de ejecución, el cambio tendría que haber concluido a principios de este año.
Contratos y fondos europeos bajo la lupa
El contrato de sustitución se adjudicó por 93,83 millones de euros con IVA a la empresa Thales. Incluía la renovación de las instalaciones de señalización, ERTMS, DCO’S y telecomunicaciones fijas de la línea. Además, la firma francesa figuró como una de las principales beneficiarias de los fondos Next Generation en España, con 119,7 millones de euros. Ese dato surge de un listado publicado por el Ministerio de Hacienda en 2023.
Por otra parte, las pesquisas también apuntan al destino de una subvención de 111.646.340 euros. Bruselas la concedió en junio de 2024 para renovar a fondo la línea entre Madrid y Sevilla. El paquete de financiación, con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder), anunciaba «la sustitución de raíles y traviesas». La Fiscalía Europea reclamó los contratos y expedientes de obra de los tramos donde ocurrieron los accidentes.
En tanto, el Tribunal de Cuentas ya había advertido a Adif en un informe de 2025. Ese documento analizó la gestión y el control de los contratos ligados a fondos europeos. Allí señaló falta de rigor al atender dos denuncias por supuestas irregularidades en las puntuaciones de adjudicaciones.
Adif abrió dos investigaciones internas y concluyó que «no existían indicios de que se hubiera vulnerado la normativa de aplicación». También encargó una pericial externa sobre tres expedientes. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas determinó que el informe de valoración no era transparente y carecía de «motivación», por lo que se podía actuar de forma «injustificada y arbitraria».
El precedente de Adamuz y los juzgados del accidente de Urda
No es la primera vez que la Fiscalía Europea investiga las obras de este tramo. El 30 de enero abrió otras pesquisas por un posible fraude en los fondos de mantenimiento de la misma infraestructura, aunque el caso se conoció en marzo. Aquella causa comenzó 11 días después del accidente de Adamuz (Córdoba), ocurrido el 18 de enero.
En Adamuz murieron 46 personas y hubo decenas de heridos. Allí también chocaron dos trenes, tras descarrilar uno de ellos. El origen del siniestro fue la rotura de un raíl. En ese caso, las pesquisas se centran en los 111 millones de euros que el Gobierno recibió para el mantenimiento general de la línea.
Ambas investigaciones europeas avanzan en paralelo a las de los juzgados ordinarios. Estos deben determinar las causas de los siniestros y las posibles responsabilidades penales. El Tribunal de Instancia de Montoro número 2 investiga el siniestro de Adamuz. Por su parte, el Tribunal de Instancia de Orgaz número 1 se ocupa del accidente de Urda.