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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha ordenado la retirada de aceite de oliva del mercado: las almazaras españolas deberán almacenar de forma obligatoria el 12 % de la producción que declaren cada mes. La resolución, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), supone inmovilizar de manera temporal unas 188.000 toneladas durante la campaña 2026/2027. Es la primera vez que el ministerio decreta un almacenamiento obligatorio de este tipo. Lo justifica por el abultado nivel de existencias iniciales, unido a las estimaciones de producción.
Cómo funciona la retirada de aceite
La resolución procede de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios. Según la orden, la obligación empezará a aplicarse sobre la producción declarada en este mes de noviembre. Después, los volúmenes almacenados quedarán fuera del mercado hasta el 30 de septiembre de 2027.
Cada almazara aplicará la retirada de aceite sobre su producción mensual acumulada, sin importar la categoría del producto. Además, las instalaciones podrán elegir qué categoría prefieren retirar. También decidirán si guardan el aceite en dependencias propias o ajenas. Por otra parte, el ministerio precisó que la resolución podrá modificarse a partir del 31 de diciembre de 2026, en función de la evolución real de la producción.
Una cosecha un 23 % superior y existencias elevadas
La decisión se apoya en las cifras de la campaña, que comenzó el 1 de octubre. La pasada primavera hubo una buena floración de los olivos. Por eso, los datos aforados que las comunidades autónomas facilitaron al ministerio apuntan a una producción de 1,6 millones de toneladas. Esa cifra supera en un 23 % la de la campaña anterior.
A esa cosecha se suman unas existencias iniciales de enlace de 357.040 toneladas, un 23,3 % más que en el periodo previo. El dato sale de las declaraciones de los operadores al Sistema de Información de los Mercados Oleícolas (SIMO). En conjunto, ambos volúmenes alcanzan el 120 % de la producción media de las últimas seis campañas. Con ese nivel se cumplen los requisitos técnicos que fija la orden ministerial para activar la retirada de aceite.
Control de la retirada de aceite en las almazaras
Las almazaras deberán comunicar la producción mensual y las existencias finales por los canales habituales del SIMO. Además, para garantizar el cumplimiento de la retirada de aceite, se creará un grupo técnico. Este grupo aprobará un plan de control coordinado por el ministerio. Las comunidades autónomas serán las encargadas de ejecutarlo.
En ese marco, los operadores tendrán que aportar la documentación requerida. Asimismo, deberán permitir inspecciones in situ. La resolución da cumplimiento al artículo 5 de la norma de comercialización del aceite de oliva para la presente campaña. A su vez, se ampara en el Reglamento comunitario sobre la Organización Común de Mercados.
Una respuesta a las demandas del campo
Con esta medida, el Gobierno atiende las reclamaciones de los productores. El campo se había plantado ante el ministerio que dirige Luis Planas. Le exigió el almacenamiento forzoso del aceite para frenar el desplome de los precios. En ese contexto, la sobreproducción podría obligar a los agricultores a vender por debajo del precio de producción. Incluso podrían decidir no vender, lo que tensionaría el mercado.
En un comunicado, el ministerio explicó que el objetivo es regular la oferta ante una previsión de sobreproducción. De acuerdo con su planteamiento, la retirada de aceite busca garantizar la rentabilidad de los agricultores. Al mismo tiempo, pretende proteger los intereses del comprador. Así, según el departamento, se dotará de estabilidad al mercado.
Las objeciones de la CNMC a la retirada de aceite
Sin embargo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió un informe tras conocerse el plan. En él expone los riesgos que la medida plantea para la competencia y los consumidores. A su juicio, constituye una restricción relevante a la competencia. Además, sostiene que puede traducirse en un incremento de los precios para los consumidores finales. También puede generar, según el organismo, ineficiencias en la cadena de valor.
Para Competencia, dejar fuera una parte de la oferta disponible distorsiona el libre funcionamiento del mercado. Asimismo, considera que debilita los incentivos para mejorar la calidad y la variedad del producto. Por otra parte, advierte de que eleva el riesgo de coordinación entre operadores.
La CNMC rechazó además la premisa del ministerio de que la norma sea neutra en términos de competencia. En ese sentido, cuestionó que se busque amortiguar las subidas de precio en futuras campañas de escasez a costa de limitar la bajada en las de cosechas abundantes. Mientras tanto, la retirada de aceite comenzará con la producción de noviembre y seguirá vigente hasta el 30 de septiembre de 2027, salvo cambios a partir del 31 de diciembre.