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La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) responsabilizó a la Administración de la prisión de Córdoba de la muerte de un preso a manos de otro interno, ocurrida el 11 de junio de 2014. El juicio con jurado por ese fallecimiento comenzará el 14 de junio. Para la organización, el foco no debe estar en el autor material, sino en quien tenía la obligación de evitar el hecho. Además, aclaró que su análisis no es jurídico, sino político-social.
El juicio por la muerte en la prisión de Córdoba
La APDHA pidió que la Administración explique cómo pueden producirse muertes violentas dentro de una institución de control total. En su opinión, la responsabilidad recae en la Administración, que tenía el deber de evitar lo ocurrido en la prisión de Córdoba.
Según la asociación, el agresor y la víctima estuvieron solos entre 10 y 15 minutos sin ningún tipo de control. Esas imágenes debían haberse grabado. Sin embargo, la Administración informó de que un error humano impidió la grabación. La APDHA calificó esa explicación de «cuanto menos sospechosa», porque impide comprobar lo sucedido.
Un agresor clasificado como extremadamente peligroso
La organización subrayó que ya se conocía la peligrosidad del preso agresor. Tenía más de 40 sanciones, en su inmensa mayoría por agresiones a otros internos. En otro punto, la entidad habla de cerca de 40 sanciones por agredir a presos. Además, tenía una condena por un asesinato cometido con 28 puñaladas.
El interno estaba clasificado en primer grado, en un departamento especial. En ese régimen, los reclusos son cacheados y pueden ser sometidos a desnudo integral. También se registran sus celdas a diario. Por otra parte, tienen derecho a tres horas diarias de patio, donde no pueden coincidir más de dos personas. La instrucción que regula a estos presos exige un control directo en todo momento, ya sea visual o por cámaras.
Lo que constató la Inspección Penitenciaria
La Inspección Penitenciaria concluyó que, con los medios e infraestructuras existentes en la prisión de Córdoba, no era posible un control que evitara la muerte. Así, concluyó la necesidad de ampliar y mejorar los medios materiales. Entre otras medidas, propuso al menos duplicar los monitores y permitir ver varias cámaras en una misma pantalla.
El objetivo era cubrir las cuatro galerías del módulo 15, que no podían verse de forma simultánea en el momento de los hechos, y habilitar la grabación. La APDHA recordó que esas carencias ya las había señalado el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dependiente del Defensor del Pueblo Estatal. Asimismo, la familia y la asociación presentaron una queja ante el Defensor para pedir una investigación, que sigue en trámite.
La inspección admitió que la falta de medios justificaba que el funcionario de control vigilara casi solo la labor de los cuatro funcionarios que atienden a cada preso peligroso. En cambio, según la APDHA, se olvidó de los riesgos que corren los propios internos.
Indemnizaciones y falta de responsabilidades
Las peticiones de responsabilidad patrimonial a la Administración penitenciaria del Ministerio Fiscal y la Acusación Particular van desde los 200 a los 500 mil euros. No obstante, la asociación lamentó que nadie haya respondido hasta ahora por lo ocurrido, pese a una condena al Estado que considera más que probable.
La entidad planteó si no habría habido dimisiones o ceses en caso de que el fallecido hubiera sido un funcionario. Para la APDHA y los familiares del preso, el caso demuestra la inutilidad de la prisión en su tarea de custodia. A su juicio, el deber de velar por la vida y la integridad física se incumplió por completo. Además, citó un 48% de reincidencia tras la prisión en la población masculina.
Muertes en cárceles y críticas al régimen especial de la prisión de Córdoba
La asociación aportó cifras sobre las muertes en las cárceles. Entre 2000 y 2012 murieron 2.300 personas dentro de las prisiones del Estado español. En tanto, entre 2006 y 2014 fueron 20 los presos fallecidos por agresiones. Por otra parte, 173 personas murieron por drogas y suicidios durante permisos entre 2008 y 2014.
La APDHA también recordó la llamada sala de la piedra de la prisión de Córdoba, en el módulo donde ocurrió esta muerte. Según la entidad, los presos la denunciaron por torturas en innumerables ocasiones. Tras una denuncia de la APDHA, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura ordenó su cierre después de comprobar las instalaciones.
Por último, la asociación advirtió de que la cadena perpetua hará que los presos así condenados terminen clasificados en este régimen especial. Por ello, consideró necesario acabar con él o, al menos, reducir sus efectos y el número de afectados. Además, recordó que el Comité Europeo pidió en 2013 desarrollar un régimen con sentido para los internos de módulos especiales y trasladar a los presos con trastornos mentales a dependencias médicas adecuadas.