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La Fiscalía de Venezuela argumentó que los dirigentes sindicales que fueron sentenciados a 16 años de prisión luego de demandar mejoras salariales, estaban planeando actos subversivos y de terrorismo.
Ola de indignación en Venezuela contra régimen de Maduro
La dirigente sindical Griselda Sánchez lanzó un grito de protesta contra este hecho diciendo que, “No es posible que en la actualidad tengamos a tantos trabajadores en la cárcel por defender sus justos reclamos”. El lunes Sánchez se hallaba en una manifestación que fue convocada ante la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas.
La sentencia de 16 años de prisión fue dictada la semana pasada contra 6 dirigentes sindicales y ha desencadenado una ola de indignación en el país sudamericano y ha movilizado a activistas, opositores, representantes de organizaciones gremiales y a miembros de ONG.
Entre ellos es común y cada día más nítido el rechazo a las declaraciones del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. El alto funcionario, quien es abiertamente fiel al presidente de esa nación, Nicolás Maduro, recientemente reiteró que los 6 hombres no son sindicalistas, sino que realmente son “conspiradores”.
Sentenciados por terrorismo
La polémica condena fue decidida por un juzgado de Caracas con competencia en casos de terrorismo con acusaciones de asociación para delinquir y conspiración, contra los seis sujetos. Todos ellos habían estado participando en movilizaciones y manifestaciones para exigir mejoras de ingresos, el año pasado y este 2023, en el desastroso panorama laboral de Venezuela. En ese país el salario mínimo está alrededor de los $ 5. La sentencia se concretó con enorme rapidez.
Los condenados son Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Reinaldo Cortés y Nelson Astudillo, la mayoría de estos sindicalistas están vinculados a los gremios del aparato admirativo del Estado venezolano, como el poder legislativo y los tribunales.
En el caso de Emilio Negrín, se encuentra afiliado a la Confederación de Sindicatos Autónomas de Venezuela, Codesa (una central sindical de izquierda de pequeño tamaño). Mientras que 4 de estas personas son militantes de Bandera Roja, un partido político minoritario con más de cincuenta años de historia e inspiración marxista que en la actualidad pertenece a la oposición venezolana.
Qué opina la oposición en Venezuela sobre este asunto
Este tema viene generando críticas airadas en sectores de la oposición venezolana. Por su parte, la Plataforma Democrática lanzó un comunicado rechazando el fallo. Mientras que trabajadores de la Coalición Sindical Nacional se concentraron recientemente en el centro de Caracas como forma de solidarizarse con estos compañeros, criticando la inexistencia de testigos en el juicio y amenazando con apelar la sentencia.
Por otro lado, la dirigente de oposición y líder del partido Vente Venezuela María Corina Machado, que encabeza en la actualidad los sondeos de opinión en el país caribeño, dijo en su cuenta de Twitter que en su nación la justicia es un tentáculo de la tiranía. Se trata de un acto grotesco y cruel. Esta gente es detenida por denunciar los atropellos del régimen de Maduro a sus compañeros de trabajo. Toda mi solidaridad para esto valientes luchadores, manifestó Machado.
Mientras que Henrique Capriles Radonski, quien es candidato del partido Primero Justicia, señaló que la decisión de esta corte configuraba un horror; y todo ello sin tener ninguna prueba. Provea, que es una ONG que se dedica a defender los derechos humanos, manifestó que la sentencia es “brutal” y “una medida arbitraria” tomada en un proceso judicial en el que el único testigo de la denuncia nunca se presentó a lo largo de un año y seis meses que duró el proceso.
Una denuncia anónima
La acusación, que fue formulada por la Fiscalía General de la República en contra de estas personas que tiene en su poder la defensa, relata que llegó una denuncia anónima a nombre de un ciudadano llamado “Adalberto” (la defensa alega que se refiere a un “patriota cooperante”, uno de los denominados voluntarios del chavismo que están autorizados a hacer trabajos de “inteligencia social”), a la Dirección de Inteligencia Estratégica perteneciente a la Policía Nacional Bolivariana en julio del año pasado. La investigación empezó en ese instante.
A estos seis hombres se les acusa de formar parte integrante de una Unidad de Resistencia Popular, presuntamente creada para la organización de acciones terroristas contra el Estado venezolano y contra de la democracia de Venezuela. Acciones como planificación de secuestros, promoción de protestas y para sabotear fiestas patrias.
En el informe del fiscal titular de este caso, Elín Teodoro León, se afirma que entre los elementos que contempla este procedimiento judicial para su sustento, pesa un procedimiento de la Dirección General de Contrainteligencia Nacional (DGCIM), que accedió a conversaciones privadas vía WhatsApp y llevó a cabo un seguimiento de sus actividades.
El abogado defensor de los seis acusados, Eduardo Torres, reconoció la existencia de pesquisas policiales de inteligencia contra de los dirigentes sindicales y aseguró que un procedimiento de inteligencia como el que fue descrito no representa ninguna prueba en el Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela.
Torres también dijo que el informe policial dejaba claramente establecido que los acusados no estaban adelantando ninguna acción política, ni se estaba discutiendo ningún procedimiento en particular contra ninguna persona.
El fiscal general de Venezuela habla de “labores conspirativas“
Por su parte, Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, asumió desde el inicio la responsabilidad del procedimiento y denunció un intento de manipulación presente con las críticas al fallo contra los seis dirigentes. Y afirmó que estos hombres no eran dirigentes sindicales. Dijo que no pertenecían a ningún sindicato. Que no eran trabajadores activos.
Y aseguró que no se encuentran registrado en el Instituto Venezolano del Seguro Social. Saab declaró que se encuentran detenidos por labores conspirativas. Y que son llamados dirigentes sindicales solo para atacar a las instituciones y a la democracia de Venezuela.
Pero poco después Eduardo Torres replicó diciendo que, basta de mentiras y juicios amañados, a través de un mensaje que fue difundido en las redes sociales. Además, el abogado defensor dijo que, estos luchadores son dirigentes sociales, que defienden el salario, que cuentan con el apoyo del pueblo venezolano y también cuentan con el respaldo de instancias internacionales, como la OIT (Organización Internacional del Trabajo).
Finalmente, la esposa de uno de los detenidos, la señora Yorbis Oropeza, aseguró que estos sindicalistas han sido condenados de manera injusta por una juez que únicamente se vende a lo que el régimen le dice. Y que los venezolanos que creen en la justicia, que creen en la verdad, van a continuar luchando. Mi esposo y los trabajadores sociales han sido condenados solo por pedir una mejor calidad de vida, dijo Oropeza.