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Informe del Vicepresidente Segundo del Gobierno al Consejo de Ministros

El Gobierno realiza una operaci√≥n de transparencia en las cuentas p√ļblicas

El informe incluye gastos que no se incluyeron en los Presupuestos de 2004 y otras operaciones que entra√Īan un riesgo de mayor d√©ficit p√ļblico. Se elaborar√° una Ley de Transparencia Econ√≥mica que regular√° el suministro de informaci√≥n en manos de la Administraci√≥n.¬†
La Ley de Estabilidad Presupuestaria incluirá disposiciones para mejorar la transparencia presupuestaria. 

El Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Econom√≠a y Hacienda, Pedro Solbes, ha presentado al Consejo de Ministros un informe sobre la transparencia de las cuentas p√ļblicas y de la informaci√≥n econ√≥mica suministrada por el Gobierno.¬†

El principio de transparencia debe presidir la actividad econ√≥mico-financiera del sector p√ļblico. La transparencia en las cuentas p√ļblicas contribuye a dar credibilidad a la pol√≠tica econ√≥mica, porque permite a los mercados y a los agentes econ√≥micos un puntual y exacto conocimiento de la actuaci√≥n del Gobierno, con la consiguiente reducci√≥n de la incertidumbre sobre el impacto y consecuencias de la pol√≠tica econ√≥mica.¬†

Sin embargo, la transparencia en las cuentas p√ļblicas no dejar√≠a de una ser una mera declaraci√≥n de principios, si no se acompa√Īa de los mecanismos pertinentes que garanticen que la sociedad conozca toda la actuaci√≥n de los poderes p√ļblicos que sea relevante, sin m√°s limitaciones que aquellas que afectan a la seguridad del Estado o a la privacidad personal.¬†

En consecuencia, el Gobierno debe garantizar no s√≥lo que se publique la informaci√≥n relevante, sino que esa publicaci√≥n se realice de acuerdo con un calendario previamente establecido, utilizando los soportes inform√°ticos m√°s modernos para facilitar su estudio y an√°lisis y de forma comprensible para que sea √ļtil a los ciudadanos.¬†

Presupuestos de 2004 

Por lo que se refiere a la presentaci√≥n de las cuentas p√ļblicas, la primera obligaci√≥n es comunicar a la sociedad las operaciones que afectan al d√©ficit p√ļblico y que el anterior Gobierno no incluy√≥ en los Presupuestos Generales de 2004.¬†

En este apartado hay que incluir determinados ajustes en términos de Contabilidad Nacional por un importe de 2.750 millones de euros, un 0,35 por ciento del PIB; la deuda con Andalucía por la liquidación del sistema de financiación 1997-2001 por un importe alrededor de 2.500 millones de euros, un 0,32 por ciento del PIB; los 630 millones de euros del déficit de RTVE, un 0,08 por ciento del PIB y parte de la ejecución del aval al ICO por el crédito concedido a Argentina, que suponen otros 260 millones de euros, un 0,03 por ciento del PIB. 

Gasto derivado de compromisos adquiridos en el pasado 

Un segundo grupo de operaciones se refiere a aquellas que son actuaciones realizadas en el pasado, que pueden suponer un riesgo de mayor d√©ficit y deuda p√ļblicos. En este cap√≠tulo se incluye la deuda de RENFE, el GIF y las Sociedades Estatales de Aguas.¬†

De la deuda total de RENFE, la llamada deuda histórica suma 3.800 millones de euros. Otra parte de la deuda, 1.800 millones de euros, está asociada a la adquisición por RENFE de la infraestructura ferroviaria. Cuando el 31 de diciembre entre en vigor la Ley del Sector Ferroviario, será necesario atribuir a cada organismo que opere en el sector la parte de la deuda que le corresponda. 

Por lo que se refiere al Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, el GIF, entre 1997 y 2003 el Estado ha realizado aportaciones de capital por un importe de 6.360 millones de euros. Estas aportaciones est√°n debidamente contabilizadas de acuerdo con los criterios de Eurostat y no computan en el d√©ficit. Si en el futuro se modificaran los resultados econ√≥micos proyectados por el GIF, las aportaciones de capital podr√≠an ser consideradas transferencias de capital y reflejarse como d√©ficit p√ļblico.¬†

Un caso similar es el de las Sociedades de Aguas que entre 1997 y 2003 han recibido aportaciones de capital por 1.540 millones de euros. En caso de que los resultados econ√≥micos de esas sociedades no permitan en el futuro obtener la rentabilidad prevista, Eurostat obligar√≠a a clasificar esas aportaciones de capital como transferencias de capital y habr√≠a que reflejarlo en el d√©ficit p√ļblico.¬†

Otras operaciones de riesgo 

En este cap√≠tulo se engloban tres grupos de empresas: las que van a ser reclasificadas como Administraciones P√ļblicas; las que tienen encomendados importantes proyectos de inversi√≥n y las que presentan p√©rdidas estructurales.¬†

Existe un grupo de empresas que actualmente no se computan en el c√°lculo del d√©ficit p√ļblico, pero que en el futuro van a ser reclasificadas, porque sus ingresos comerciales no cubren el 50 por ciento de sus costes de explotaci√≥n. Es el caso de CDTI, FEVE, RED.ES, la Comisi√≥n Nacional de la Energ√≠a y la Comisi√≥n Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones. El efecto econ√≥mico de esa reclasificaci√≥n afectar√° a ejercicios anteriores y ser√° de escasa cuant√≠a.¬†

AENA tiene previstas inversiones por 13.200 millones de euros en el periodo 2000-2007. Entre 2000 y 2003 se han ejecutado inversiones por 5.120 millones de euros y en 2004 están previstas inversiones por 2.300 millones. AENA está financiando esas inversiones con endeudamiento que se prevé que a finales de 2004 alcancen 6.100 millones de euros, cifra que podría casi duplicarse al final del periodo. 

En el caso de empresas con p√©rdidas estructurales, como HUNOSA, IZAR y MAYASA. Est√°n encuadradas en el sector de sociedades no financieras porque sus ingresos cubren al menos el 50 por ciento de sus costes de explotaci√≥n y, por tanto, sus p√©rdidas no se computan como d√©ficit p√ļblico. Sin embargo, por tratarse de empresas con p√©rdidas de car√°cter estructural, reciben aportaciones de capital a trav√©s de SEPI que s√≠ deben incluirse dentro del d√©ficit p√ļblico. Entre 2004 y 2008 las aportaciones previstas son alrededor de 1.730 millones de euros.¬†

Otras operaciones  

Existe un √ļltimo grupo de operaciones sobre las que no se dispone de informaci√≥n suficiente por el momento para evaluar el riesgo que entra√Īan sobre el d√©ficit p√ļblico.¬†

Es el caso, por ejemplo, de las realizadas por Comunidades Aut√≥nomas y Corporaciones Locales que en los √ļltimos a√Īos han utilizado de manera creciente la creaci√≥n de sociedades, consorcios, fundaciones, asociaciones p√ļblico-privadas y, en general, unidades p√ļblicas dependientes que tienen por objeto la creaci√≥n de infraestructuras y la gesti√≥n de servicios p√ļblicos.¬†

Los riesgos m√°s significativos se centran en la creaci√≥n de consorcios cuya regulaci√≥n legal es muy escasa. Tambi√©n en las asociaciones p√ļblico-privadas, cuyas inversiones tienen reflejo en el d√©ficit p√ļblico seg√ļn se considere que las realizan los socios privados o los p√ļblicos. El riesgo sobre el d√©ficit p√ļblico se va a producir de cara al futuro, ya que actualmente son pocos los proyectos de inversi√≥n realizados mediante este sistema.¬†

Otras operaciones que entra√Īan riesgos sobre el d√©ficit p√ļblico son los avales p√ļblicos. Los m√°s relevantes son el concedido a Argentina, que recae sobre los ejercicios 2005 y 2006 por importes de 350 millones de euros y 115 millones de euros, respectivamente y los avales concedidos por SEPI a sus empresas por un importe global de 2.075 millones de euros¬†

También hay que incluir las indemnizaciones pendientes de abono derivadas del accidente del Prestige y que ascienden a 250 millones de euros. 

Ley de Estabilidad y Transparencia Presupuestaria 

El Gobierno considera prioritario mejorar el contenido de la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria con un doble objetivo: disponer de una regla fiscal eficiente que garantice la estabilidad presupuestaria, pero que no imponga más restricciones que las estrictamente necesarias y que sea consensuada por las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. 

Para reforzar el principio de la transparencia en las cuentas p√ļblicas, se va a incorporar en la citada Ley la necesidad se someter la actividad del Gobierno y del conjunto del sector p√ļblico a una mayor transparencia presupuestaria.¬†¬†

Para ello, se contemplar√°n aspectos como los siguientes: el proyecto de Presupuestos Generales del Estado deber√° acompa√Īarse de un informe que contenga un cuadro de relaciones entre el d√©ficit presupuestario y el calculado aplicando los criterios de contabilidad nacional; se fijar√°n los mecanismos que permitan realizar un an√°lisis de los riesgos futuros sobre d√©ficit y deuda p√ļblicos vinculados a la ejecuci√≥n de los principales programas de actuaci√≥n p√ļblicos; los Presupuestos Generales del Estado deber√°n incluir informaci√≥n sobre la cobertura institucional de las unidades adscritas al subsector de la Administraci√≥n Central; se establecer√° un procedimiento que defina los canales de comunicaci√≥n con las Comunidades Aut√≥nomas y Corporaciones Locales; se regular√° un procedimiento de control y seguimiento por los centros gestores del gasto de los pr√©stamos que concedan y se incluir√° un anexo en los Presupuestos Generales con los compromisos de gastos adquiridos con cargo a ejercicios futuros, as√≠ como los avales concedidos.¬†

Todas estos cambios est√°n en l√≠nea con las recomendaciones del borrador del informe del FMI sobre ‚ÄúObservancia de los c√≥digos y est√°ndares de transparencia fiscal‚ÄĚ.¬†

Transparencia en la información económica 

El Gobierno va a dise√Īar un marco estable y coherente para el suministro de la informaci√≥n econ√≥mica de manera veraz, sistematizada, organizada y comprensible. Para ello, se ha requerido al INE, al Banco de Espa√Īa y a los distintos Ministerios para que den cuenta de la informaci√≥n que vienen suministrando de acuerdo a un calendario; de la que se publica sin atenerse a un calendario; La que facilitan sin la suficiente desagregaci√≥n como para permitir su an√°lisis riguroso; de la que publican en un formato que no permita tratamiento inform√°tico y, por √ļltimo, la informaci√≥n que hasta ahora no se hace p√ļblica y podr√≠a ser de utilidad.¬†

Una vez recopilados estos datos, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos adoptará un acuerdo que fijará un calendario de elaboración y publicación de toda esa información de manera completa y desagregada, garantizando su accesibilidad, tratamiento y máxima difusión. 

En el futuro se elaborará una Ley de Transparencia en la Información Económica que garantice y dé continuidad, más allá de avatares políticos, a las obligaciones de suministro de información transparente. La Ley contendrá un catálogo de los datos objeto de publicación; su periodicidad y calendario; el contenido mínimo de la publicación; los soportes a utilizar y las medidas que garanticen el acceso a esa información. 

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